En el mercado central de Lima, en 1983, las

barracas de chicha morada aún olían a maíz

tostado y canela, aunque ya no había clientes

que pagaran en soles. La hiperinflación había

vuelto el dinero papel mojado, pero doña

Pascuala, de 78 años, seguía sirviendo en su

vaso de barro, con el mismo cucharón de madera

que usó cuando el ejército mató a su hijo en

Ayacucho. Nadie le preguntaba por qué no se fue

al norte como los demás. Ella no tenía familia.

Solo tenía el lugar.

El golpe de estado no fue ruido. Fue silencio.

Los soldados entraron sin gritar, con botas

nuevas y caras de quien no sabe que el mercado

tiene reglas más viejas que ellos. Cerraron los

puestos de fruta, desalojaron a las vendedoras

de quinua, y clavaron carteles en las paredes:

“Orden Público. Prohibido el comercio informal.”

Doña Pascuala no se movió. Siguieron su vaso con

la mirada, como si fuera un objeto de madera, no

una mujer.

La primera regla que mordió fue la de los

impuestos. El coronel que mandaba el operativo

exigía que cada vendedor pagara “contribución de

estabilidad” en billetes de 100 mil soles —el

equivalente a medio kilo de arroz. Nadie podía.

Pero doña Pascuala sí. Ella cobraba en chicha.

Un vaso por cada soldado que pisaba su tabla. No

era caridad. Era factura. “Por el desorden que

dejan,” decía, sin mirarlos. Nadie entendió.

Hasta que un soldado joven se desmayó tras beber

su segundo vaso. Le salió sangre por la nariz.

El médico militar dijo que era alcohol, pero

doña Pascuala sabía: la chicha estaba fermentada

con raíces de coca silvestre que crecen en las

laderas de Huarochirí, y nadie, ni el ejército,

tenía permiso para tocarlas. Eso era la segunda

regla: las plantas de los antiguos no se tocan.

Las usaban los curanderos. Las usaban los

guerrilleros. Y ahora, las usaba ella.

Los oficiales empezaron a venir en grupo. No

para comprar. Para exigir. Pero cada vez que se

acercaban, doña Pascuala les servía. Sin hablar.

Sin mirar. Y cada vaso que bebían, el cuerpo les

pesaba más. Uno perdió la voz. Otro no pudo

dormir. El coronel, el tercer día, se agachó a

su altura, le puso un revólver en la sien, y le

dijo que parara. Ella levantó la mano, le puso

un vaso en la palma, y dijo: “Bébalo. Es su

impuesto.” Él lo bebió. Se cayó de rodillas. No

se levantó.

La tercera regla mordió cuando el ejército quiso

quemar su puesto. Llegaron con bidones de

gasolina. Pero al encender el fósforo, el viento

cambió. No era viento. Era el viento de la

montaña. El de antes de los españoles. Los

soldados juraron que vieron sombras de mujeres

con polleras de lana negra, como las que usaban

las ayllu de Huancavelica, caminando entre las

barracas. Nadie lo reportó. Nadie quería

recordar que la tierra de Lima aún no olvidaba.

Al quinto día, el mercado se abrió. No por orden.

Por abandono. Los oficiales se fueron. No con

orden. Con miedo. Doña Pascuala volvió a servir.

El vaso costaba un puñado de maíz. Nadie le pagó.

Nadie se atrevió. Pero los que pasaban, se

quitaban el sombrero. Incluso los que venían de

la sierra. Incluso los que habían matado.

El régimen cayó tres meses después. No por

rebelión. Por desgaste. Por el silencio de una

anciana que cobraba impuestos con chicha, y por

la tierra que recordaba lo que el ejército

quería borrar.

La melancolía no fue su mirada. Fue que, al año,

nadie volvió a vender chicha en el mercado

central. La gente ya no creía en las plantas. Ni

en las sombras. Ni en las viejas que saben más

que los generales. Solo en el vaso vacío que

dejó, limpio, sobre la tabla de madera.