En el 87, cuando la hiperinflación devoraba los

sueldos y el ejército quemaba archivos en los

pueblos, Doña Eulalia, de 92 años, caminó tres

días desde Chincheros hasta la Dirección de

Registro Civil en Breña con su cédula de 1952,

la única prueba de que existía. Nadie la atendió.

La máquina de laminar papeles se atascó con su

nombre escrito a mano, y la funcionaria, Liliana

Vargas, le dijo que no tenía derecho a un nuevo

documento sin foto digital —aunque no existía

ninguna en el país.

Liliana, burócrata corrupto, guardó la cédula

vieja en su cajón. Al día siguiente, firmó un

certificado de defunción falsa: Eulalia Quispe,

fallecida en 1983. Con eso, reclamó la pensión

de vejez de la mujer —una fortuna de 200 soles

mensuales— y la usó para pagar el soborno que le

salvó el puesto.

Ese mismo mes, en el sótano del ministerio, las

cajas de papel madera empezaron a chorrear agua

negra. Los archivos se humedecían sin lluvia.

Los funcionarios juraban que oían cantos en

quechua dentro de los archivadores. Nadie lo

reportó. En Lima, nadie quería recordar que los

muertos del conflicto armado no tenían cédulas,

y que las que sí las tenían, eran las que habían

sido borradas.

Una noche, Liliana encontró su propia cédula en

el escritorio. El nombre estaba en blanco. El

número, el de Eulalia. La foto, la de una mujer

con ojos de piedra y trenzas de lana de alpaca,

vestida con un manta tejida en el valle de

Huancavelica. Al tocarla, el papel se volvió

frío como tierra recién cavada.

Al amanecer, la máquina de laminar se encendió

sola. Imprimió 12.000 cédulas. Cada una con el

nombre de una mujer andina desaparecida entre

1980 y 1989. Ninguna con foto. Todas con el

sello de la Dirección de Registro Civil, pero

con el emblema de Pachamama en el ángulo

inferior.

Liliana intentó quemarlas. Las llamas se

apagaron en el aire. Las cédulas volaron por las

ventanas, cayeron en los mercados de Surquillo,

en las paradas de combis, en las puertas de los

conventos. Las mujeres las recogieron. Las

guardaron. No las usaron para nada. Pero cada

vez que un funcionario intentaba borrar un

nombre, la cédula aparecía en su casillero.

Eulalia no fue la primera. Ni la última.

En el 91, el ministerio cerró el archivo del sur.

Nadie explicó por qué.

Solo las viejas de los barrios bajos siguen

contando que, si escuchas bien en la noche,

entre el ruido de las radios y el viento que

entra por las grietas de las casas de chapa, aún

se oye el susurro de una cédula que no se

perdió…

…solo se volvió memoria.