En la estación de Huancayo, en pleno invierno de
1987, el tren que llevaba maíz y medicinas se
desplomó en el túnel de Anticona. Nadie lo buscó.
Los cuerpos se enfriaron bajo el polvo de la vía,
y el Ministerio de Transportes anunció un “error
técnico”. La viuda, Elena Quispe, no lloró.
Recogió la botella vacía de su marido, el
ingeniero que firmó los planos, y caminó hasta
la línea muerta.
El ferrocarril no era un servicio. Era un cauce.
Los dólares del FMI, filtrados por ministros
limeños, llegaban en camiones de carga falsa.
Los rieles de hierro reciclado se doblaban con
la primera lluvia. El tren no se cayó: fue
abandonado. El Estado lo sabía. Las comunidades
andinas, ya desplazadas por la guerra interna,
callaban. No había testigos. Solo silencios que
se volvían tierra.
Elena no fue a la prensa. No fue a la iglesia.
Fue al taller de su cuñado, donde se fundía el
acero de los rieles viejos. Con una pala de
madera y una lata de brea, cavó en la curva
donde el tren se partió. Enterró los rieles
rotos, los tornillos que no sostenían nada, y
encima puso las cartas que su marido escribió
antes de morir: “No firmé para matar. Firmé
porque no tenía otra opción”.
Al tercer día, el Ministerio mandó a los obreros
a reponer la vía. Encontraron la tierra nueva.
Las herramientas. Las cartas. Nadie las leyó.
Pero el tren nunca volvió.
La línea se secó. Las estaciones se volvieron
polvo. Los funcionarios que firmaron los
contratos desaparecieron — unos por la Sendero,
otros por el silencio de sus propios hijos.
Elena no se fue de Huancayo. Cada luna nueva,
pone una piedra en la tierra donde el tren se
enterró. Algunos dicen que escuchan el silbato.
Nadie sabe si es el viento o si alguien, aún,
llama desde abajo.
La corrupción no se derrumbó. Se enterró. Y ella,
la viuda, fue la única que no se levantó para
seguir caminando.
