En el 87, en un sótano de San Juan de Lurigancho,
el burócrata corrupto recibe el nuevo lote de
actas de nacimiento con sello de la Dirección de
Registro Civil: cien documentos sin nombre, solo
códigos de huella dactilar. Cada uno vale tres
soles en el mercado negro, pero él los guarda
como reliquias. Su hijo desapareció en ’83, tras
el asalto al colegio de Huancayo. Nadie lo buscó.
Él no lo denunció. Firmó el parte de “fallecido
por accidente” con su propio sello.
La máquina del estado cambió: ya no desaparece a
los desaparecidos. Los registra. Los vende. Los
vende como hijos de otros. Un campesino de
Ayacucho paga cincuenta soles para que su hija,
secuestrada por los militares, aparezca como
nacida en Lima. El burócrata firma con la misma
pluma con que firmó la muerte de su hijo.
Una noche, en la oficina vacía, revisa el último
lote. Una huella lo detiene. La misma que él
registró en el certificado de nacimiento de su
hijo —la que él mismo copió de la tarjeta de
identidad de su esposa, muerta en el exilio. El
niño no murió. Fue inscrito como hijo de una
pareja de comerciantes de Surquillo. El registro
tiene fecha: tres días después de su
desaparición.
No llama a nadie. No grita. Toma el documento,
lo mete en el bolsillo del chaleco, y camina
hasta el río Rímac. Se detiene en el puente de
la avenida 28 de Julio. La luna ilumina el agua
con el reflejo de los carteles de la
municipalidad: “Paz y orden en el Perú”. Tira el
papel. Lo ve hundirse. No lo recupera.
Al día siguiente, firma otro lote. Cien
certificados nuevos. En el primero, escribe:
“Nombre: José Antonio”. Luego, con la misma
caligrafía de siempre, agrega: “Padre:
Desconocido”. La máquina sigue. Él ya no la usa.
La alimenta.
La ciudad sigue creciendo. Los hijos siguen
naciendo. Pero ahora, en cada acta falsa,
alguien escribe el nombre que el estado ya borró.
Y alguien lo firma. Con la pluma que no se lava.
