En 1987, cuando el hiperinflación devoraba los
sueldos y los desaparecidos aún hablaban en
susurros de los cerros, Rómulo Paredes, obrero
sindicalista de la fábrica textil de La Victoria,
robó el Ñusta del Cable Rojo del Museo de la
Resistencia. No fue por gloria ni por dinero: su
hija de siete años, Lucha, dejó de hablar tras
ver cómo un helicóptero militar arrojó el cuerpo
de su tío al río Rímac. La reliquia —una máscara
de cobre entrelazada con hilos de alambre de
cobre oxidado— la encontró en la caja de los
“objetos confiscados por subversión”. Nadie
sabía que la máscara no era un adorno, sino un
pacto: cada vez que un hijo de la tierra la
usaba, el suelo devolvía un recuerdo que el
Estado había enterrado.
La regla que nadie mencionaba: quien la lleve,
no solo recuerda. La ciudad recuerda con él. Y
en Lima, lo que recuerda, se vuelve real.
Rómulo la puso sobre la frente de Lucha en la
habitación de un tugurio en Villa El Salvador,
mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc
como tambores de guerra. Esa noche, las calles
de Surquillo se llenaron de voces de mujeres que
no existían: ancianas que habían sido
desplazadas en los 70, cantando en quechua
mientras sus pies dejaban huellas en el asfalto.
Un viejo de Puno apareció en la estación de Acho,
sosteniendo una bandera de la Confederación de
los Collas, y nadie lo detuvo. El ejército llamó
a “disturbios psicológicos”. Pero los niños,
todos, dibujaban la misma máscara en los muros.
La regla que mataba: si la máscara se quitaba
antes de que la memoria se curara, el portador
se deshacía en polvo de tierra seca. Rómulo lo
sabía. Lo había leído en un diario de su abuela,
escondido entre las planchas de la fábrica: “El
Ñusta no devuelve recuerdos. Los pide a cambio
de lo que eres.”
Cuando los militares rodearon el barrio, armados
con detectores de metales y orden de destrucción
de “elementos subversivos”, Rómulo no huyó.
Caminó hasta el puente de San Juan, donde la
máscara había nacido —en un ritual que los
curanderos de Chinchero llamaban “la cosecha de
los muertos que no fueron enterrados”— y se la
colocó. La multitud que lo seguía ya no era solo
la de su barrio. Eran los que habían perdido
hijos en Ayacucho, los que habían visto
desaparecer a sus hermanas en la selva, los que
habían callado por miedo. Todos llevaban en la
boca el mismo nombre, sin decirlo: “Taytacha
Wiraqocha”.
La máscara brilló como un cable rojo encendido
bajo la luna.
Y cuando los soldados dispararon, no hubo sangre.
Solo tierra. Mucha tierra. Cientos de manos de
barro salieron de las grietas del puente,
tomadas de las de los vivos, y levantaron a
Rómulo como una semilla en la cosecha. La
máscara se disolvió en su frente. La ciudad
entera se calló. Lucha, por primera vez en tres
años, dijo: “Papá, ¿por qué lloraban las mujeres
del río?”
Al amanecer, el museo no tenía la reliquia. Pero
en los libros de historia, la página de 1983 —
donde se borraba el genocidio en Ayacucho— ahora
decía: “Los campesinos no murieron en silencio.
Cantaron.”
Y en las calles, los niños seguían dibujando la
máscara.
Nadie la borró.
Nadie la volvió a robar.
La memoria ya no era un arma.
Era un derecho.
